CONTEXTO ACTUAL
El Gobierno de España aprobó el pasado 24 de septiembre de 2024 en Consejo de Ministros, la actualización del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2023-2030, tal y como se establece en el artículo 14 del Reglamento europeo 2018/1999. El plan actualizado busca dar respuesta a los avances y cambios normativos acontecidos desde la aprobación en marzo de 2021 de la versión inicial. Entre ellos, a nivel de la UE, destacan la aprobación de los dosieres legislativos del paquete “Objetivo 55” y la adopción del Plan REPowerEU en respuesta a la invasión rusa de Ucrania, donde se establecen objetivos mejorados en materia climática y energética y nuevas obligaciones para los Estados Miembros.
Las políticas y medidas planificadas en el PNIEC se están desarrollando en detalle a través de estrategias nacionales y hojas de ruta, como el hidrógeno verde, la energía eólica marina, el almacenamiento de energía o el autoconsumo renovable, junto con la convocatoria de subastas de nueva capacidad de electricidad renovable eólica y fotovoltaica. Todo ello para avanzar en el cumplimiento de los objetivos marcados.
Además, gracias especialmente a los recursos adicionales que ofrece el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) aprobado por la Comisión Europea, el gobierno español cuenta con una financiación importante para acelerar la implementación de las políticas y medidas incluidas en el PNIEC, con más de un 39% del total dedicado a la transición ecológica, incluida la acción por el clima y la conservación de la biodiversidad. Esto incluye el apoyo a la rehabilitación energética de edificios, el establecimiento de zonas de bajas emisiones en ciudades con más de 50.000 habitantes, la promoción del autoconsumo renovable y las comunidades energéticas locales, y la progresiva eliminación de vehículos propulsados por combustibles fósiles para reemplazarlos por equivalentes eléctricos.
Nota: La información reflejada en este resumen proviene de las fuentes oficiales a septiembre de 2025 con datos de 2023 o 2024, según disponibilidad. Se hará la actualización periódica (al menos una vez al año) de las gráficas con los datos oficiales publicados en materia de emisiones y energía.
INFORMACIÓN DESTACADA
Las emisiones brutas totales en 2024 han seguido disminuyendo levemente (-0,6%) respecto al año anterior, después del incremento en los años 2021 y 2022 tras la caída de 2020 provocada por la Covid-19. La cifra se sitúa en los 268,5 Mt CO2-eq, lo que supone un -6,3% respecto a 1990, avanzando ligeramente en la senda hacia el objetivo a 2030. En paralelo, el 2024 estuvo marcado por el crecimiento de la economía española, con un incremento del PIB del 3,2% respecto al 2023, lo que marca una tendencia al desacoplamiento entre el crecimiento económico y las emisiones de GEI.
La absorción de CO2 por los ecosistemas (bosques, pastizales y suelos agrarios, humedales, etc…) es clave en el concepto «emisiones netas cero». A lo largo de la serie histórica, el sector LULUCF ha contribuido de forma estable a absorber las emisiones brutas de GEI en España. En 2024 se alcanzaron las 50,0 millones de toneladas de CO2 equivalente absorbidas, lo que equivaldría a un 18,6% de las emisiones brutas totales ese año, debido principalmente al sector forestal, pero supone un ligero descenso interanual es baja del -0,2% respecto a 2023, por lo que preocupa la tendencia que pueda experimentar el sector en los próximos años. La Estrategia a Largo Plazo de España prevé la pérdida a corto plazo del potencial sumidero de las masas forestales en nuestro territorio, ante eventos meteorológicos extremos consecuencia del cambio climático cada vez más frecuentes y devastadores y los cambios derivados en las condiciones ambientales: olas de calor recurrentes con incrementos de las temperaturas mínimas, sequías más largas con mayor riesgo de incendios y de plagas, junto al avance de la desertificación.
Por Comunidades autónomas, tras el incremento interanual generalizado de las emisiones entre 2020 y 2021, una vez levantadas las restricciones de actividad y movilidad aplicadas durante la pandemia, en 2022 la mitad recuperaron la senda de reducción de emisiones y en 2023 todas las regiones presentan una tendencia descendente de sus emisiones netas de gases de efecto invernadero. Las que más han reducido sus emisiones respecto a 2022 son Asturias (-21,8%), Navarra (-15,1%) y Galicia y la Región de Murcia (-14,7%). Por el otro lado, las que menos han reducido sus emisiones con respecto al año anterior son La Rioja (-4,4%), la Comunidad de Madrid (-3,6%), las Islas Canarias (-3,2%), Melilla (-2,3%) y Catilla La Mancha (-0,9%).
En términos absolutos, Cataluña y Andalucía fueron las más emisoras en 2023, con un 14,9% y un 14,4% respectivamente, respecto a las emisiones netas totales, seguidas de la Comunidad de Madrid (9,2%), la Comunidad Valenciana (8,9%), Madrid (8,8%) y Asturias y Castilla y León (6,4%). En el extremo opuesto, están las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla (0,2%), y La Rioja (0,7%).
La mayoría de los sectores han incrementado sus emisiones en 2024 respecto al año anterior, salvo el sector de la energía, representado fundamentalmente por la generación eléctrica, que gracias a la penetración de renovables avanza en su descarbonización. Al comparar la evolución de las emisiones de gases invernadero, se aprecia que los cuatro sectores más emisores han sido los mismos desde 1990 y a lo largo de toda la serie. Sin embargo, mientras que el sector de la energía ha experimentado una caída de sus emisiones desde el año 2007 (empujada por la crisis financiera), el sector del transporte ha ido incrementando sus emisiones desde 2012 (con la excepción del 2020, marcado por la crisis sanitaria y las restricciones de movilidad) hasta situarse en el primer puesto. Por su parte, el sector agroalimentario es el único que se ha mantenido más o menos estable a lo largo de toda la serie histórica.
En 2023, el sector del transporte sigue siendo el que más emite, con un 32,5% del total de las emisiones brutas totales, seguido por el sector de la industria (18,6%) y el sector de la energía (16,7%), en el que contribuye fundamentalmente la generación eléctrica (11,4%). Cabe destacar el cuarto puesto del sector agropecuario, que representa un 12,2% de las emisiones brutas totales, una cifra nada despreciable para un sector que podría estar contribuyendo a la absorción de carbono como sumidero agrícola.
Analizando las dos grandes agrupaciones de sectores, aquellos pertenecientes adscritos al régimen de comercio de derechos de emisiones (sectores ETS) han experimentado con altibajos un descenso significativo de las emisiones de GEI desde 2007, mientras que los sectores difusos del sistema de reparto del esfuerzo fuera del régimen anterior (sectores ESR) con emisiones de GEI más elevadas presentan una línea tendencial más estable. Siguiendo esta tendencia, las emisiones de los sectores ETS han bajado un 5,2% en 2024 respecto al año anterior, representados mayoritariamente por las centrales energéticas y las grandes instalaciones industriales, mientras que las emisiones de los sectores difusos ESR, incluidos el transporte por carretera, pequeñas industrias, edificios, agricultura y ganadería, residuos y gases fluorados, experimentan un ligero incremento respecto a 2023 (+1,4%).
El consumo de energía final volvió a incrementarse en 2021 (+8,9%) y en 2022 (+1,2%), tras la caída derivada de las limitaciones de actividad y movilidad en 2020, pero las cifras vuelven a bajar ligeramente en 2023 (-0,7%). Lo mismo ocurre con el consumo de energía primaria, que ha recuperado en 2023 la tendencia descendente (-3,0%), tras dos años sucesivos de crecimiento (+6,1% en 2021) y (+1,9% en 2022). Por segundo año consecutivo, se observa un incremento interanual en la participación de energías de origen renovable tanto en el consumo de energía final (+13,2%) como en la generación eléctrica (+10,9%). Esta mayor participación de la generación renovable se debió sobre todo al incremento de la producción hidráulica del 35,5% y solar fotovoltaica del 18,9% respecto al año anterior. En general, ha sido un año marcado por las importantes aportaciones de la eólica y la solar fotovoltaica, superando ambas los máximos tanto de producción como de participación en el mix nacional.
OBSERVACIONES FINALES
Ante el actual contexto de convulsión geopolítica, la UE y los Estados miembros buscan soluciones rápidas para responder a las crisis que se han ido sucediendo en los últimos años, donde las políticas climáticas y energéticas ocupan una posición central para lograr la transición hacia economías descarbonizadas y sociedades resilientes, que faciliten el despliegue de energías renovables, se alejen de los combustibles fósiles, y favorezcan las medidas de ahorro y eficiencia energética, contando con la naturaleza y sin dejar a nadie atrás.
Los datos recogidos en este informe muestran que todavía hay mucho por hacer para alcanzar los objetivos climáticos y energéticos que se plantea España para 2030. En materia de emisiones de gases de efecto invernadero, todavía hay muchos sectores con tendencias al alza que requieren un mayor esfuerzo en el desarrollo de medidas de mitigación. También es necesario impulsar la electrificación de la demanda, la mejora de la eficiencia energética y la restauración de ecosistemas ricos en carbono. Al otro lado de la balanza, la presencia de las energías renovables en el mix energético no ha dejado de aumentar en los últimos años.
España acaba de actualizar su Plan Nacional Integrado de Energía (PNIEC), el instrumento europeo para desarrollar a nivel estatal los compromisos del Acuerdo de París, en el que ha incrementado varios de sus objetivos y ampliado sus medidas para alcanzarlos; sin embargo, se queda escaso a la hora de marcar una senda ambiciosa hacia la neutralidad climática en 2040 y en línea con al Acuerdo de París. Es uno de los países europeos con mayor potencial para el despliegue de energías renovables, por sus largas horas de luz solar a lo largo del año y por contar con lugares especialmente ventosos. Además, España es uno de los países de mayor patrimonio natural y biodiversidad de la UE, incluyendo relevantes ecosistemas ricos en carbono, sobre todo bosques, pero también praderas, humedales y cultivos. Estas dos características inherentes a España hacen de nuestro país un lugar idóneo para llevar a cabo una transición energética, ordenada y consensuada, compatible con la conservación de la biodiversidad y respetuosa con las comunidades locales, que nos lleve no sólo a una transformación de nuestra economía, sino también a una transformación social: verde para cuidar del medio natural, resiliente para hacer frente a los impactos de cambio climático, y justa para aportar beneficios a los territorios.
