Principales datos del Observatorio climático

CONTEXTO ACTUAL

El PNIEC de España, finalmente aprobado en marzo de 2021, no se ha actualizado en respuesta a la nueva ambición climática de la UE que pasa de un objetivo de reducción de emisiones brutas del 40% a un objetivo mejorado de reducción de emisiones netas del 55% para 2030. Sin embargo, la ley de Cambio Climático y Transición Energética, aprobada en abril de 2021, permite a los ministros españoles aumentar la ambición de los objetivos climáticos y energéticos en cualquier momento. Las políticas y medidas planificadas en el PNIEC se están desarrollando en detalle, como el hidrógeno verde, la energía eólica marina, el almacenamiento de energía o el autoconsumo renovable, junto con la convocatoria de subastas de nueva capacidad de electricidad renovable eólica y fotovoltaica. Todo ello para avanzar sin demora en el cumplimiento de los objetivos marcados.

Además, gracias especialmente a los recursos adicionales que ofrece el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) aprobado por la Comisión Europea, el gobierno español cuenta con una financiación importante para acelerar la implementación de las políticas y medidas incluidas en el PNIEC, con más del 39% del total dedicado a la transición ecológica, incluida la acción por el clima y la biodiversidad. Esto incluye el apoyo a la rehabilitación energética de edificios, el establecimiento de zonas de bajas emisiones en ciudades con más de 50.000 habitantes, la promoción del autoconsumo renovable y las comunidades energéticas locales, y la progresiva eliminación de vehículos propulsados ​​por combustibles fósiles para reemplazarlos por equivalentes eléctricos.

Nota: La información y datos reflejados en este resumen han sido recopilados de las fuentes oficiales en 2021 y se corresponden con los años 2019 o 2020, según disponibilidad.

INFORMACIÓN DESTACADA

Las emisiones de gases de efecto invernadero descienden un 13,7% en España en 2020 respecto a 2019, hasta las 271,5 Mt CO2-eq (emisiones brutas totales), por primera vez en la serie un 6,4% por debajo de los niveles de 1990. Este resultado es muy positivo, porque a pesar de que las limitaciones de actividad y movilidad asociadas a la Covid-19 tiene mucho que ver, también el incremento de la generación eléctrica con fuentes de origen renovable y la caída en el uso del carbón han hecho su parte.

Por Comunidades autónomas, nueve redujeron sus emisiones de gases efecto invernadero entre 2018 y 2019, destacando Galicia (-24,5%) y Asturias (-19,4%) seguidas de Castilla y León (-11,3%) y Andalucía (-10,0%). En el otro lado de la balanza, destacan los incrementos en emisiones de la Región de Murcia (+13,8%), Navarra (+13,8%) y Melilla (+13,3%). En peso absoluto, Andalucía y Cataluña fueron las más emisoras durante 2019, representando respectivamente un 15% y un 14% de las emisiones brutas totales.

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Todos los sectores han reducido sus emisiones en 2020, excepto el del transporte y el agrario. El sector del transporte sigue siendo el que más emite, con un 28% del total de las emisiones brutas totales, seguido de los sectores de la industria y de la energía. Cabe destacar el cuarto puesto del sector agrario, que representa un 14% de las emisiones nacionales, una cifra nada despreciable para un sector con capacidad de sumidero poco aprovechada.

Por una parte, los sectores ETS adscritos al régimen de comercio de derechos de emisiones han caído un 18,7% en 2020 en comparación con el año anterior, representados mayoritariamente por las centrales energéticas (-17%) e las grandes instalaciones industriales (-12,6%). Por su parte, las emisiones de los sectores difusos ESR adscritos al sistema de reparto del esfuerzo fuera del régimen anterior, incluidos el transporte, pequeñas industrias, edificios, agricultura y ganadería, residuos y gases fluorados, también experimentan una significativa caída del 10,4%.

El consumo total de energía final cayó un 0,7% en 2019, y las fuentes de energía renovables generaron el 18,4% del total y el 36,9% del consumo eléctrico. 2019 fue un año seco, con una disminución de la producción hidroeléctrica de 27,6% con respecto a 2018, y, con un crecimiento del PIB del 2%, mostrando un desacoplamiento de las emisiones de la actividad económica.

OBSERVACIONES FINALES

España tiene una gran oportunidad de cumplir con una recuperación verde y justa después de la pandemia de la Covid-19. Cuenta con todos los instrumentos necesarios para acelerar la transición verde hacia la neutralidad climática mucho antes de 2050. En particular, las inversiones masivas planificadas en el PRTR español deberían ayudar a alcanzar algunos objetivos del PNIEC mucho antes de 2030 y, por tanto, aumentar la ambición para 2030. Es necesario poner en marcha nuevas acciones de forma rápida, ambiciosa, coordinada y transversal en materia de clima y energía para abordar las incertidumbres provocadas por los altos precios de la electricidad y el gas y las protestas por la ola de nuevas grandes instalaciones eólicas y solares en las zonas rurales, o para aumentar la ambición climática del Plan Estratégico de Agricultura de España.

La Cumbre del Clima de Glasgow representa un momento clave para que España muestre voluntad, compromiso y solidaridad para alinear su objetivo climático a una mayor ambición, tal y como reclama la ciencia y demanda la sociedad. España es uno de los países europeos con mayor potencial para el despliegue de energías renovables, por sus largas horas de luz solar a lo largo del año y por contar con lugares especialmente ventoso. Además, España es uno de los países de mayor patrimonio natural y biodiversidad de la UE, incluyendo relevantes ecosistemas ricos en carbono, sobre todo bosques, pero también praderas, humedales y cultivos. Estas dos características inherentes a España hacen de nuestro país un lugar idóneo para llevar a cabo una transición energética rápida y exitosa, que nos lleve no sólo a una transformación de nuestra economía, sino también a una transición ecológica y social: verde para cuidar del medio natural, resiliente para hacer frente a los impactos de cambio climático, y justa para beneficiar a las comunidades locales y los territorios.