CONTEXTO ACTUAL
El escenario actual de emergencia climática requiere poner en marcha políticas y medidas coordinadas y decididas para mantener la temperatura media global de la Tierra por debajo del 1,5ºC y evitar así que los peores impactos del cambio climático. Unos impactos que ya se están sufriendo por todo el planeta, agravándose y reproduciéndose, con consecuencias catastróficas humanas, materiales, sociales, económicas y ambientales. Para luchar contra este gran reto ambiental sin precedentes, existen dos grandes estrategias simultáneas y complementarias que los países deben poner en marcha a todos los niveles: la mitigación para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, y la adaptación para hacer frente a los impactos del cambio climático que ya se está produciendo por las emisiones ya emitidas.
Las comunidades autónomas tienen competencias transferidas en los sectores más emisores en España: transporte, industria, agrario, así como en cuanto a planificación del despliegue renovable en el territorio, dado que se encargan de pasos clave como la evaluación de impacto ambiental de gran parte de los proyectos. Es por ello que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030 y la Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo (ELP) 2050, los dos principales instrumentos normativos para que España sea neutra en emisiones a más tardar en 2050 y cumpla con el Acuerdo de París, cuentan con las comunidades autónomas para el desarrollo de buena parte de sus acciones. Por su parte, el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) 2021-2030 incluye la necesidad de promover la acción coordinada y coherente frente a los efectos del cambio climático en España, entre otros, reforzando la coordinación interinstitucional a nivel territorial con las comunidades autónomas.
En este contexto, resulta fundamental que las regiones planifiquen el trabajo que, con arreglo a sus competencias, han de realizar para lograr que la necesaria transición energética se haga de una forma compatible con la naturaleza y respetuosa con las poblaciones locales, contribuyendo así a la reducción global de emisiones sin descuidar el desarrollo sostenible del medio rural y la conservación de la biodiversidad, que desempeña un papel fundamental como sumidero de carbono y barrera de protección frente a los impactos climáticos.
Nota: La información y datos reflejados en este resumen han sido consultados a fecha de 30/11/2024. Está prevista la actualización semestral de los mapas autonómicos, salvo que haya un avance sustancial en alguna Comunidad Autónoma que deba ser incorporado con anterioridad.
Sólo siete leyes autonómicas climáticas en vigor
En estos momentos, sólo seis comunidades cuentan con una ley sobre cambio climático, Cataluña, Andalucía, Islas Baleares, todas ellas anteriores a la ley nacional aprobada el pasado mes de mayo de 2021, y más recientemente, Navarra, Comunidad Valenciana e Islas Canarias durante 2022, y País Vasco en 2024. La Rioja que tenía su ley en las últimas fases de tramitación parlamentaria, ha vuelto a la casilla de salida al producirse un cambio de Gobierno tras las elecciones de mayo de 2023.
Galicia ya tiene muy avanzada la tramitación de su anteproyecto de Ley, cuya aprobación está prevista para 2025. Otras tres regiones trabajan ya en un borrador de anteproyecto de Ley -Aragón, Castilla-La Mancha y Castilla y León. La Región de Murcia lanzó una propuesta de anteproyecto de Ley en junio de 2020, pero sin novedades. Las cuatro Comunidades Autónomas restantes no han manifestado intención, por el momento, de desarrollarla.
Todavía hay cuatro Comunidades Autónomas que no cuentan con planificación autonómica en materia de mitigación climática a 2030
Con independencia de contar con norma en vigor, las regiones están recurriendo a la planificación estratégica en materia de climática para desarrollar las necesarias acciones de mitigación frente al cambio climático y planificar sus hojas de ruta para avanzar en la descarbonización de sus territorios. Sin embargo, tras el tercer año de vigencia del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030 de España, algunas comunidades autónomas todavía no cuentan con planificación actualizada en materia de mitigación climática con horizonte 2030.
Destacan cuatro regiones que cuentan con Estrategias o Planes integrados en materia climática y energética a 2030 (- 2050): Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Extremadura y Galicia. Otras ocho Comunidades Autónomas han aprobado sus Estrategias o Planes mixtos de mitigación y adaptación frente al cambio climático a 2030 (-2040) (-2050) –Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla La Mancha, Islas Canarias, Navarra, País Vasco y Región de Murcia-. La Rioja ultima su Plan Riojano su Plan Riojano Integrado de Energía y Clima 2024-2030, que se encuentran en una fase avanzada de tramitación. Islas Baleares ya ha publicado su borrador, y se prevé que la tramitación empiece a principios de 2025. Mientras que Castilla y León y Cataluña tienen respectivamente una estrategia y un plan desfasados con horizonte 2020.
Once Comunidades Autónomas no cuentan con planificación autonómica específica a 2030 en materia de adaptación al cambio climático
Con independencia de contar con estrategias mixtas de mitigación y adaptación, las regiones están recurriendo a la planificación estratégica en materia climática para desarrollar las necesarias acciones de adaptación frente al cambio climático y planificar sus hojas de ruta para avanzar en la menor vulnerabilidad y mayor resiliencia de sus territorios. Sin embargo, tras el cuarto año de vigencia del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) 2021-2030 de España, la mayoría de las comunidades autónomas no cuentan con planificación actualizada en materia de adaptación climática con horizonte 2030.
Destaca la Comunidad de Cataluña con una estrategia de adaptación aprobada a 2030, y le sigue La Rioja que ya cuenta con un borrador de plan de adaptación a 2030 en fase de tramitación. Otras dos regiones han anunciado la elaboración de una estrategia o plan de adaptación – Asturias y Extremadura –, aunque todavía no ha iniciado el proceso de elaboración. La mayoría de las comunidades autónomas – 11 – no cuentan con estrategias o planes de adaptación específicos, sino que se integran en sus estrategias o planes mixtos en materia climática. Mientras que Castilla y León e Islas Baleares no cuentan con ninguna de estas dos opciones.
Nueve Comunidades Autónomas cuentan con planificación autonómica específica en materia energética con objetivos específicos a 2030
Con independencia de contar con norma en vigor, las regiones están recurriendo a la planificación estratégica en materia energética para desarrollar las necesarias acciones dirigidas a la transición a un modelo energético neutro en carbono y avanzar hacia la neutralidad climática en sus territorios. Sin embargo, tras el tercer año de vigencia del PNIEC, sólo nueve regiones cuentan con planificación actualizada en materia energética con horizonte 2030.
Destacan las regiones de Extremadura, Comunidad de Madrid y País Vasco por contar con Estrategias o Planes en materia energética y climática a 2030. Les siguen otras seis comunidades autónomas Andalucía, Asturias, Castilla La Mancha, Cataluña, Galicia y Navarra que cuentan con Estrategias o Planes Energéticos a 2030. Cinco regiones ultiman sus documentos y ya han publicado sus borradores que avanzan en la tramitación -Cantabria, Castilla y León, Islas Baleares, Islas Canarias y La Rioja-. Por su parte, Comunidad Valenciana cuenta que un borrador, cuya tramitación sigue pendiente. La Región de Murcia cuenta con documento desfasado con horizonte 2020, mientras que Aragón anunció su intención de elaborar un borrador, pero aún no se ha hecho.
Cuando se analizan las leyes, estrategias y planes autonómicos se aprecia una gran disparidad en la estructura del texto y en los datos que contienen
Además de variar en los indicadores empleados, los objetivos autonómicos tienen en cuenta distintos años de referencia, lo que dificulta poder establecer una comparativa entre comunidades o el determinar la coherencia y alineación con los objetivos nacionales.
La zonificación ambiental para el desarrollo de energías renovables se encuentran en una situación muy dispar entre Comunidades Autónomas, y algunas regiones ni siquiera cuentan con un instrumento específico
La Ley de Cambio Climático y Transición Energética [LCCTE] prevé el establecimiento de una zonificación que identifique zonas de sensibilidad ambiental y de exclusión por su importancia para la biodiversidad, conectividad y provisión de servicios ecosistémicos, así como sobre otros valores ambientales. A tal fin, el MITECO ha elaborado, y actualizará periódicamente, una herramienta cartográfica, con carácter referencial, que refleje dicha zonificación y velará, en coordinación con las CCAA, para que el despliegue de los proyectos de energías renovables se lleve a cabo, preferentemente, en emplazamientos con menor impacto en el medio natural, el paisaje y el territorio.
Sólo cinco regiones cuentan con normativa o planificación vinculante aprobada que incluye criterios de zonificación, ya sea nuevo o actualizado de una versión previa -Castilla La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Región d Murcia y País Vasco-. Les siguen dos comunidades autónomas con planificación vinculante que prevé la elaboración de una zonificación para energías renovables, Cataluña y Navarra, mientras que Cantabria está pendiente de elaborar su Plan Regional de Ordenación del Territorio, en el que también prevé incluir zonas preferentes y de exclusión para la energía eólica. Por su parte, la Comunidad de Madrid y La Rioja han realizado análisis previos en los que se recogen mapas de zonificación, pero sin valor jurídico. Otras tres ofrecen documentos de ordenación con criterios de zonificación no desactualizados -Asturias, Galicia e Islas Baleares-. A la cola se sitúan Aragón, Extremadura e Islas Canarias que carecen de instrumento específico de zonificación ambiental para energías renovables, junto con Andalucía cuya guía para ubicar proyectos fotovoltaicos ha sido retirada, volviendo a la casilla de salida.
La información pública sobre el estado de tramitación de los proyectos renovables en las Comunidades Autónomas es escasa, o incluso ausente en un gran número de regiones
La transición energética hacia fuentes de energía limpia debe ser sostenible, justa y equitativa y debe acompañarse de procesos transparentes, participativos e inclusivos, que garanticen a la sociedad acceso a información clara sobre la planificación, el estado de los proyectos y su contribución a los objetivos en materia energética, para evitar el rechazo social y asegurar el éxito del despliegue renovable.
Sólo cinco Comunidades Autónomas -Aragón, Islas Canarias, Cataluña, Comunidad Valenciana y Navarra- cuentan con visores cartográficos que permiten a la ciudadanía y partes interesadas conocer los proyectos renovables, tanto para energía eólica como para solar fotovoltaica, en tramitación, evaluación o incluso los ya aprobados. Andalucía cuenta con un mapa general de las infraestructuras energéticas existentes en la Comunidad, incluidas las correspondientes a energías renovables, mientras que Islas Baleares ofrece información pública sobre los expedientes renovables en tramitación, pero sin cartografía. En general la sociedad no conoce cuántas renovables hay que poner en su región o comarcas, con qué tecnologías, en qué lugares y cómo puede hacer para participar en el proceso de tramitación.
